viernes, 10 de abril de 2009

GOBERNABILIDAD

Gobernabilidad y democracia en el estado contemporáneo
Juan José Lara Ovando*
En 1975, es publicado por la Comisión Trilateral, su informe acerca de los principales problemas prevalecientes en el núcleo de la sociedad contemporánea. Los temas abordados versan sobre las finanzas internacionales, el comercio mundial, el petróleo, las relaciones internacionales y la democracia, entre otros1 .
Este operativo intelectual ha causado acalorados debates, toda vez que expresa las simientes ideológicas y políticas de un rejuvenecido proyecto social neo-conservador. Un esbozo inter-pretativo conceptual que tiene en el anti-intervencionismo estatal y en la lógica de libre mercado sus principales argumentos.
Para nuestra temática a tratar en este documento, la importancia de referirnos a este acontecimiento radica en el hecho de encontrar en tal informe un controvertido análisis sobre gobernabilidad y democracia. Siendo precisamente así el título del mismo; "La gobernabilidad de la democracia"2 . El carácter polémico de este breve ensayo queda señalado luego de que en él es donde por primera vez se plantea tanto el concepto como el fenómeno de la gobernabilidad. Una acotación conceptual que a casi treinta años de haber sido acuñada, sigue estando vigente, instalándose en un lugar relevante dentro de las confrontaciones políticas actuales.
La gobernabilidad se convierte, entonces, en la capacidad de las instituciones para cumplir objetivos consensualmente. Esto es, que tenga el gobierno un desempeño funcional de toma de decisiones, aunado a una eficaz pacificación institucional del comportamiento político de las masas. Lo contrario, la incapacidad para lograr el apaciguamiento de la efervescencia social, dosificando las demandas, conlleva inevitablemente a la ingobernabilidad.
Para los teóricos neoliberales, los tiempos modernos se caracterizan por un incremento en los índices de la ingobernabilidad. ello es resultado del (excesivo) papel participativo que dentro de las decisiones estatales tienen los diferentes grupos sociales. Consecuencia, esta situación de la configuración de conflictivos espacios de interrelación política, a través de los cuales se manifiestan demandas y se reciben concesiones y privilegios. Se trata, entonces, de la capitalización de una relación de mercado político donde las corporaciones negocian (vía las oligarquías o la clase política), al amparo del apoyo de sus agremiados, presencia política parlamentaria o satisfacción de demandas materiales.
Con esta intervención masiva en la política, tras la conquista de igualdad en los derechos civiles, las anquilosadas formas de participación liberal se derrumban. La democracia liberal de respeto y defensa de los derechos individuales (surgida con la Revolución Francesa y promovida como proyecto ideológico y programa político en el siglo diecinueve) se transforma en una democracia de masas con hábitos y formas organizativas encaminadas a subsumir al individuo en la corporación, al mismo tiempo de buscarse ante el Estado ya no la representación, sino la negociación de demandas tendientes a igualar al sujeto ante el mercado. En este sentido, se convirtió en otra forma de democracia, como su modelo adoptó otra ideología, mucho más conservadora y muy distante de los principios liberales, aunque a falta de otro nombre, y por continuar el discurso democrático, han tenido a llamarle neoliberal.
En la sociedad moderna confluyen dos tendencias determinantes de ésta: la racionalidad burocrática y el capitalismo tardío. ambos son factores que gestan una nueva forma de organización social, misma que no sólo ha tenido su manifestación en el ámbito estatal, sino también en el comportamiento que hacia la acción política exponen los individuos o grupos. Desgarrado el espíritu de la representatividad liberal, el móvil de la acción social dentro de un conglomerado de masas queda estimulado por la satisfacción del interés material.
A partir de este momento, las organizaciones de masas, incluidos los partidos, dejan de ser cuerpos de discusión o confrontación de ideas, deviniendo en férreas estructuras burocráticas rígidamente jerarquizadas. Las oligarquías son las que negocian directamente con los representantes estatales, quedando los miembros de sus corporaciones al margen de este proceso. Acudiéndose a ellos, movilizándolos, sólo en momentos de ser necesaria la presión. Así las minorías representativas de los sectores organizados son designados o impuestos a nivel de acuerdos de oficina, de modo que, el proselitismo o las campañas de convencimiento quedan superadas por las alianzas o subvenciones articuladas al calor de la realpolitik; es decir, que de una función de agitación y crítica al gobierno, las organizaciones gremiales o partidistas, pasan al proceso de intercambio político instituido3 .
Un ejercicio novedoso de interre-lación política, donde los intereses grupales de los principales actores sociales, incluido el Estado (tanto como garante como oferente), son negociados. Así, la legitimidad queda supeditada a la capacidad de las corporaciones y el gobierno para otorgar el mecanismo de intercambio político flexibilidad y funcionalidad.
De esta manera, se ha transitado de la participación democrática (aunque sea como buenos propósitos) a la subor-dinación burocrático-racional. El ejercicio del poder deja de estar directamente conectado a todas las voluntades individuales, concentrándose en las minorías dirigentes. El acuerdo contractualista, racional y libertario, sucumbe ante el pragmatismo realista de las élites4 .
El síndrome de la centralización y especialización en las decisiones políticas y administrativas en la sociedad contemporánea es, entonces, el gran fenómeno de nuestro tiempo. De la misma manera que también lo es su visualización y proyección premonitoria como señala John K. Galbraith, quien pesi-mistamente subraya que la creciente necesidad de una planificación de la sociedad está coadyuvando a una progresiva especialización y racionalización de la toma de decisiones y, consecuentemente, lleva a una sobrevaloración y autonomía de los cuerpos dirigentes. Esto es, de las minorías cupulares que se arrogan para sí el control y el sentido de la dirección política5 .
En consecuencia, las clases políticas que arriban al poder no son solamente las más habilidosas para negociar, son también los expertos en alguna área técnica o administrativa. De esta manera, los que dirigen los destinos de la sociedad y el Estado son considerados los más aptos y los más diestros, y no son la masa desordenada y acrítica. La esfera de lo público es sometida a los resultados de los acuerdos cupulares, esgrimiéndose su aplicación y promoción en aras del beneficio común de la sociedad. Esta es la representación de los intereses generales, que no necesariamente retoma las exigencias de las masas, sino que queda restringida a lo pactado entre unos cuantos.
La política queda circunscrita de esta forma a la capacidad en la toma de decisiones expuesta por los especialistas. Lo que es un ejercicio que estará dado en términos de la eficiencia de un proyecto racional6 , mas que en virtudes éticas. En otras palabras, la perspectiva política predominante se fundamentara en el pragmatismo realista, en detrimento de una moral política7 (que es el deber ser) del quehacer social.
Asimismo, la democracia deja de ser un valor para convertirse en una actividad pragmática, desarrollada y perfilada hacia la consecución de intereses. Salario y beneficio social suplen al espíritu ético-liberal de representación parlamentaria. La representatividad de los individuos es desplazada por los intereses de grupo, mismos que entran en conflicto (léase negociación) dentro del ámbito estatal. Esta confrontación habrá de circunscribirse a ciertos límites preestablecidos de discusión; siendo un acuerdo concertado, que la presencia de las corporaciones en ese marco sea para establecer una relación de intercambio, y no para atentar contra el poder.
La democracia (de masas) queda acotada, entonces, al principio de igualdad social y de equilibrio de poder dado por el intercambio político. La conquista del estado deja de ser eje del discurso opositor, centrándose la prioridad en mantener la estabilidad política, sobre la base del entendimiento y la colaboración de los distintos grupos de interés presentes en el hábeas social. De esta forma se garantiza la funcionalidad política, sobre la base del entendimiento y la colaboración de los distintos grupos de interés presentes en el hábeas social. De esta forma se garantiza la funcionalidad política, además de la equidad social vía el beneficio y los derechos sociales8 .
En una democracia de masas, el equilibrio de poder está dado por la tensión competitiva entre los grupos. Con un antagonismo no estructural, de oposición o desarticulación a las normas institucionales, sino con un juego político de movimientos y negociaciones, de acuerdo a las circunstancias reales, entre las élites. Los éxitos logrados en la lid política quedan así, supeditados a la lectura "real", sin ningún tipo de valoraciones ideales, que de la realidad hagan los intereses en pugna.
Ahora bien, el exceso de demandas a las cuales puede ser sometido el poder estatal, aunado a una escasa capacidad de intervención y dirección del aparato administrativo estatal para soportarlas, es la doble situación generadora de la ingobernabilidad. Una situación concitadora del conflicto, debido a la fractura de la integración entre corporaciones y agremiados. Lo que es efecto de la frustración en las expectativas de los individuos, las cuales habían sido alimentadas por estos agrupamientos a fin de mantener una significativa presencia dentro del aparato gubernamental.
La insatisfacción de las demandas del electorado redundan en una sola polarización dentro del sistema de organizaciones y partidos políticos. al igual que en una disminución de la capacidad de canalización de los partidos políticos u organizaciones cualquiera, para articular la voluntad de sus componentes dentro de los espacios institucionales de manifestación política. Aparecen, como consecuencia, movimientos y organizaciones políticas que se desarrollan al margen del sistema político tradicional y que exigen otros espacios para el comportamiento colectivo, es lo que llamamos "nuevos" movimientos sociales.
Esta circunstancia llevará a la corriente neoconservadora a expresar el siguiente pronóstico; de continuar manifestándose la desarticulación entre las demandas expresadas por la sociedad civil y la poca capacidad para gestionarlas por parte del aparato administrativo estatal, los sistemas sociales no gobernables se tornarán cada vez más incontrolables. De esta manera, si se desea mantener la gobernabilidad dentro de los parámetros razonables, este fenómeno sólo puede subsanarse si las exigencias, demandas y responsabilidad a las cuales es sometido el Estado, disminuyan o desaparezcan, desde luego, en la medida en que sea desmantelada la democracia de masas. Se esgrime la dicotomía causal: a mayor democracia menos eficiencia y mayor gobernabilidad, o lo que es igual, que a menor democracia mayor gobernabilidad.
Sin embargo, no obstante la parafernalia discursiva de derecha e izquierda en contra del Estado social, este tipo de reprimendas no ha quedado más que en eso, ya que una y otra corriente no han sido capaces de articular una alternativa coherente que supere la simple descripción del fenómeno. En este asunto, compartimos el punto de vista de Claus Offe, que asegura que el Estado social llegó para quedarse, y hasta el momento no se encuentra opción alguna de ser superada por las ideologías de derecha ni por las ideologías de izquierda.
"... Por esto, en ausencia de una poderosa corriente ideológica y organizadora dentro de la política occidental (como por ejemplo de una neofascista y autoritaria), la visión de la superación del Estado de bienestar y de la resurrección de su economía de mercado "sana", no es más que un sueño político impotente, que aparece estando despiertos, de algunos ideólogos de la antigua clase media. Esta clase en ningún lugar es suficientemente fuerte como lo demuestran los ejemplos de Sra. Margaret Thatcher y también de Ronald Reagan, para introducir más que cambios marginales de un patrón institucional, que hasta estos políticos tienen que aceptar al asumir sus funciones políticas"9 .
En un contexto histórico donde la viabilidad de una igualación social es resultado de la articulación de un Estado benefactor, hablar en términos neoliberales de una redefinición en la acción democrática, es referirse a una redefinición en la relación Estado-democracia. De entidad promotora de la igualación social, vía una mayor participación en la riqueza social o en la toma de decisiones, al Estado se le pretende reasignar el rol de administración eficiente del mercado. Si bien no en el sentido de la tradición decimonónica, si desde la perspectiva de convertir al Estado en una estructura racional que controle eficazmente los recursos, y que por lo tanto, sea capaz de despolitizar las demandas (hoy en día más frecuentes de la sociedad civil.
Notas
1. Veáse Crozier, Michel, Huntington, Samuel y Watanki, J., "La gobernabilidad de la democracia", Informe del Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral en Cuadernos Semestrales. Perspectiva Latinoamericana # 2-3, 1982, pp. 37-48
2. Ibid, p. 37.
3. Rusconi, Gian E., "Problemas de teoría política" en Cuadernos de Pasado y Presente, México, ERA, 1979, pp. 67-68
4. Idea central de Dahl, robert y Lindblom, Ch., Política, economía y bienestar, Barcelona, Piados, 1976, 557 pp.
5. Galbraith, John K., El nuevo Estado industrial, Madrid, eds. Sarpe, 1984, pp. 538-539.
6. Cacciari, Massimo, "Transformación del Estado y proyecto político" en Cuadernos de Pasado y Presente, México, ERA, 1979. En él se plantea como las decisiones y modificaciones estatales en la sociedad moderna son parte integral de un proyecto. La lógica de medios-fines propia de la racionalidad capitalista, delimita el sentido y orientación de las acciones políticas.
7. Este es el punto de debate central expuesto por la corriente liberal-contractualista (John Rawls, Liberalismo político, México, FCE, 1996, 356 pp. y Ralph Darhendorf, El nuevo liberalismo, México, Rei méxico, 1993, 149 pp.), quiénes propugnan por una recuperación de los valores en la construcción del pacto social. en contra del avasallador avance de la racionalidad eficiente, se plantea la alternativa de la ética como principio organizador y orientador de una sociedad más justa.
8. Aguilar Villanueva, Luis, "Estado, régimen y sistema político", pp. 208-209.

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